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Queda en nada pesquisa del asfalto

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La investigación que a finales del cuatrienio pasado destapó serias irregularidades en la compra de asfalto líquido para la repavimentación de carreteras de la Isla y la falta de fiscalización de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) al material que obtenía para estos fines, al parecer ha sido echada a un lado por el actual gobierno.

Abel Resende

La pesquisa que realizó la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados a la Compra de Combustible fue dirigida por el entonces portavoz de la mayoría popular en el Senado, Aníbal José Torres.

Abel Resende Borges

Al retomar el tema en entrevista con  EL VOCERO , el senador indicó que su interés con el informe del “Cartel del Bitumul” —radicado a finales del cuatrienio pasado— era que la administración Rosselló le diera seguimiento, pero dijo que a la fecha esto no ha ocurrido

Esto a pesar de las promesas que realizó en ese entonces el actual vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, de mantener viva la pesquisa, que fue realizada por investigadores designados por las delegaciones de los partidos Popular Democrático (PPD), Nuevo Progresista (PNP) e Independentista Puertorriqueño (PIP)

“El pasado cuatrienio demostré que existe el ‘Cartel del Bitumul’, en un esquema muy parecido al ‘Cartel del Petróleo’ en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este cartel se beneficia de la falta de medidas, pruebas y estándares de cumplimiento con la regulaciones que garantizan la calidad del producto comprado y utilizado”, expresó el también presidente electo del PPD a este diario

Destacó que continuar esta investigación es crucial en momentos en que el gobierno hará una inversión histórica de $652 millones para el mantenimiento y recuperación de las carreteras de la Isla durante los próximos tres años mediante el programa Abriendo Camino. Esta asignación se nutrirá de fondos federales y estatales

“Mi interés era que esta administración le diera seguimiento a esa información, pero no lo he logrado”, señaló Torres

Asimismo, denunció que en la actualidad se están realizando muchos proyectos en los cuales se paga el asfalto a las empresas como nuevo, pero en realidad “lo que están haciendo es reciclando material, lo cual significa que el contratista reduce sus costos, pero el gobierno no ve reflejada esa función en lo que se paga”

Según el informe del “Cartel del Bitumul”, las empresas que proveían asfalto en ese momento para reparar las carreteras no cumplían con las especificaciones y regulaciones necesarias, lo que provoca que las carreteras vuelvan a su estado de deterioro en corto tiempo

Del documento también se desprende que el laboratorio de la ACT carece de la capacidad para analizar el asfalto líquido y determinar si el material importado cumple con las especificaciones requeridas en contratos pagados por la corporación pública

Expone, además, el informe, que la ACT no tiene forma de verificar que el precio del asfalto líquido que certifican a los importadores es el precio verdadero en el mercado. De igual forma, menciona compañías que adulteraron la mezcla utilizada en los proyectos de la ACT y otros importadores que habían sido convictos por delitos

De manos atadas el Senado

De otro lado, el vicepresidente del Senado indicó que a principios de cuatrienio intentó mediante la Resolución 1 crear la Comisión Especial de Integridad Gubernamental para continuar investigando el tema del asfalto y otras controversias en el gobierno

Sin embargo, Seilhamer estableció que “eso se ha quedado en reglas y calendarios y nunca se aprobó”. Agregó que comparte la misma preocupación de Torres en cuanto a la calidad de las carreteras, los materiales que se utilizan y el buen uso de los millones destinados para reparar las vías públicas

¿Por qué no se pudo crear la comisión especial?, cuestionó  EL VOCERO

“Por asuntos de presupuesto; porque es una (propuesta legislativa) que requiere presupuesto porque cada partido tiene que asignar un investigador”, respondió Seilhamer

La resolución fue radicada el 2 de enero de 2017 y fue remitida a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado el 7 de febrero de ese año. El propósito es investigar cualquier modalidad de corrupción gubernamental en las entidades de la rama Ejecutiva, lo que incluye casos de fraude, malversación y apropiación ilegal de fondos públicos

Seilhamer detalló que dicha comisión especial debió estar compuesta por investigadores designados por los principales partidos políticos. Dio como ejemplo que esta comisión podía servir para investigar las controversia sobre los vagones con suministros de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) que aparecieron en lotes en Toa Alta, Dorado y Hato Rey y cuyo contenido no llegó a los damnificados del huracán María

“Luego de 10 años yo te puedo decir que esa es la única forma en que el Senado puede hacer investigaciones profundas”, admitió Seilhamer, al considerar que las investigaciones que realizan las diversas comisiones regulares tienen limitaciones