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Investigarán a grupos antiderechos en Uruguay

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Una investigación regional coordinada desde Brasil por el Sexuality Policy Watch, un observatorio de políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, se propone estudiar cómo están desembarcando en América Latina los grupos “antiderechos”. El estudio se llevará a cabo en diez países, y en Uruguay estará a cargo de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y de dos profesionales expertos en religión y política.

Abel Resende

Lilián Abracinskas, de MYSU, explicó a la diaria que el estudio dialogará con una investigación del mismo tenor que se hizo en Europa, financiada por la fundación Friedrich Ebert, que rastreó de dónde proviene el concepto de ideología de género y por qué se acuñó. Se llegó a la conclusión de que fue la iglesia católica la que pidió a una intelectual irlandesa, extremadamente católica, que teorizara sobre este tema, como una reacción a los resultados de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Pekín en 1995, donde surgieron por primera vez compromisos en materia de igualdad de género.

Abel Resende Borges

La investigación que se llevará a cabo en América Latina busca determinar cómo ganan influencia los grupos antiderechos, quiénes son sus voceros, cómo se expresan, qué estrategias comunicacionales utilizan y quiénes los apoyan económicamente. “Porque empiezan a ser un actor reactivo. En realidad, es un viejo actor, que reacciona porque con toda la agenda de derechos, y en particular con la agenda de derechos sexuales y reproductivos, se fractura su sistema valorativo, moral y de contrato social. Y está reaccionando con una virulencia que además es preocupante”, indicó Abracinskas

Añadió que en la región hay indicios de vínculos de estos grupos con empresarios ultraconservadores o neoliberales y con partidos de ultraderecha. “Además, se meten en las instituciones del Estado y empiezan a actuar desde ahí, en particular en los departamentos y en los ministerios de Educación y Salud. En Uruguay los conocemos poco, más allá de la bancada evangelista. No tenemos mucha noción de cómo se mueven en los gobiernos departamentales, de quiénes son los empresarios que los sustentan”, señaló Abracinskas

Explicó que estos grupos tienen dos formas de intervención desde lo religioso. Por un lado, por intermedio de la institucionalidad de la iglesia católica, “que siempre funciona en las altas esferas, porque por la historia de colonialismo está muy adherida siempre al poder”. Por otro lado, los grupos evangélicos, que actúan sobre la población más pobre y menos educada. Aclaró que no son todos los evangélicos, sino “un ala particularmente fanática, que además no tiene ningún problema en mentir, en hacer afirmaciones sin sustento alguno, y que hace un discurso seudocientífico que oculta creencias religiosas”

Afirmó que “el gran problema” con estos grupos es “la exaltación al odio” que promueven. “Demonizan al que piensa distinto, le asignan intenciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los convencen de que sos más o menos la personificación del diablo que viene a alterar la familia y a hacer que todos sean homosexuales y trans. Uno piensa: ‘Ay, qué ridículo, ¿quién lo puede creer?’. Pero tenés 46% que vota a [Jair] Bolsonaro [en Brasil]. No los menospreciemos”, alertó la activista

Añadió que la idea es “generar una narrativa” que visibilice que estos movimientos se generan como una reacción que pone en riesgo los avances en materia de derechos, y que además tienen manifestación electoral e institucional. También se busca contar con información para enmarcar las estrategias de las organizaciones sociales progresistas. “Porque hay una situación complicada en la región, y cuando pendula hacia el lado de los derechismos fanáticos hay muchas cosas en juego, mucho en riesgo, y esto que hemos podido avanzar se te cae rápidamente si no hay una defensa ciudadana de lo avanzado”, consideró Abracinskas

Contrapartidas para objetores de conciencia MYSU presentó formalmente ayer, en la Torre Ejecutiva, los diez años del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Se conversó sobre el problema de la objeción de conciencia de los médicos como un obstáculo para la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En algunos departamentos del país la objeción de conciencia se sitúa por encima de 60%, lo que determina muchas veces que las mujeres deban trasladarse a otro departamento para interrumpir su embarazo. En ese marco, el coordinador honorario de la Comisión de Población y Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pablo Álvarez, consideró que deberían imponerse contrapartidas a los médicos objetores de conciencia. Álvarez dijo a la diaria que estas podrían ser, por ejemplo, incrementar las horas de atención o realizar tareas comunitarias. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Wilson Benia, consideró que la objeción de conciencia en este caso se ha transformado en una “inescrupulosa” e “impúdica respuesta corporativa de los médicos” ante el avance de los derechos sexuales y reproductivos.